En los últimos días y luego de 5 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente e intervendrá en la demanda que presentó la cementera Loma Negra en el año 2017 contra la Agencia Tributaria Misiones (ATM) por el cobro anticipado de IIBB; una medida que el Gobierno Provincial puso en funcionamiento en el año 2007 para reducir los altos niveles de evasión que había en la provincia, y a su vez, generar recaudación para poder palear los bajos niveles de coparticipación que recibe Misiones.
Es de destacar que Misiones es una de las provincias con mayor movimiento económico y aportes coparticipables (actualmente se encuentra séptima), sin embargo, a la hora de recibir recursos por parte de Nación se ubica en el puesto 21. Con lo cual, ante esta repartición desigual, la política fiscal que impuso la provincia para seguir recaudando y manteniendo la gestión pública que lleva el gobierno se volvió una cuestión fundamental.
La oposición y el aval a la evasión
Los legisladores de Juntos por el Cambio Misiones, Martín Arjol, Florencia Klipauka Lewtak, Humberto Schiavoni, Alfredo Schiavoni, la UCR Misiones y Activar Misiones, celebran que la provincia se desfinancie y avalan la medida cautelar que beneficia a Loma Negra, una empresa que cotiza en bolsa, involucrada en la causa de Lava Jato brasilero.
Lo hicieron través de un flyer comunicativo que no lleva firmas, en dicho “comunicado” piden la derogación de la resolución 56 de la DGR, y la que califican como un atropello a comerciantes y productores; sin embargo, no desarrollan ninguna propuesta alternativa para palear la discrepancia existente en la repartición de los recursos coparticipables.
La actitud de los legisladores de la oposición es completamente repudiable ya que la medida cautelar dictada por la Coste Suprema constituye un perjuicio para la provincia, teniendo en cuenta que lo recaudado se vuelca constantemente en el área social, productiva, industrial y de desarrollo de la provincia.
Es un crédito fiscal, no una doble percepción
Esta semana el ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán se refirió a la medida judicial que favoreció a la cementera de capitales brasileños y señaló que la Provincia tiene un “régimen de pago a cuentas” que busca que las empresas de otros puntos del país, “paguen lo que le corresponde a la provincia”.
Cabe destacar que el régimen de pago a cuenta de percepción de IIBB no es un impuesto nuevo, no es una retención, no es un gasto. Es solamente un crédito fiscal que la propia empresa que si o si tiene que hacer su declaración jurada a fin de mes, a fin de año y ese crédito fiscal se toma a favor por haber adelantado el pago de impuestos.
En tanto sobre el fallo, Safrán aclaró que la Justicia aún no se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo que es la legalidad o no del mecanismo y se mostró confiado en que el fallo será favorable a Misiones luego que haga su defensa. “Vamos a demostrar que es un régimen de pago a cuentas y no una aduana como manifiesta la empresa” aseveró.
