Esta mañana Antonella Graziosetti, renunció a su cargo como secretaria del bloque PRO – Avancemos de Oberá, y su motivo determinante, según consta en la carta de renuncia fue el «destrato de la concejal Adriana Kosnicki», que «han afectado su bienestar personal y profesional»
Al mismo tiempo, Graziosetti presentó su renuncia Consejo Provincial, órgano maximo del PRO en Misiones, como así también su desafiliación del partido «Propuesta Republicana».
Kosnicki, desde que asumió como concejal, viene produciendo hechos polémicos, desinteligentes y hasta irresponsables (que según fuentes consultadas, tienen que ver con, por ejemplo, «haber firmado ordenanzas y luego criticarlas públicamente»), mostrando una incoherencia total entre sus hechos y luego sus dichos, acciones contrarias a la labor legislativa.
No se puede tolerar el maltrato en ningún ámbito, menos siendo funcionario del Estado. Sus acciones públicas, al parecer, están motivadas únicamente por la demagogia de escalar políticamente y no en el cumplimiento respetuoso como concejal.
El respeto y la dignidad deben ser los pilares de cualquier sociedad que aspire a la justicia y al bien común. Un funcionario público, elegido o designado para servir a la comunidad, no debe nunca olvidar que su rol es el de un servidor, no el de un tirano. El maltrato, ya sea verbal, psicológico o físico, no solo degrada a quien lo ejerce, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
El abuso de poder no es un signo de autoridad, sino de debilidad moral. Un verdadero líder escucha, dialoga y resuelve conflictos con empatía y respeto, sin necesidad de atropellar a los demás. La soberbia y la prepotencia solo conducen al rechazo y al descrédito.
Quien ocupa un cargo público debe recordar que su legitimidad proviene del pueblo, y que la verdadera grandeza radica en servir con humildad, responsabilidad y justicia. Un trato digno no es un privilegio, es un derecho de todos.
